La confluencia ciudadana Alto Aragón en Común, ante la reciente solicitud por parte de una empresa de explotaciones petrolíferas, del permiso de investigación de hidrocarburos en 90.000 hectáreas de los términos municipales de Barbastro y Monzón, insta a las administraciones públicas a extremar el celo en la exigencia del cumplimiento de medidas de protección medioambiental y planes de restauración.

El anuncio publicado en el Boletín Oficial de Aragón el pasado 30 de noviembre, a instancias de la Dirección General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón, reproducido en el Boletín Oficial del Estado el 14 de diciembre, para la obtención de permisos de prospección de hidrocarburos en la provincia de Huesca, constituye, a juicio de la platforma confluyente Alto Aragón en Común, una llamada de atención acerca de la necesidad de armonizar el desarrollo económico con la preservación medioambiental.

 La empresa Helios Aragón Exploration, S.L., inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, ha solicitado autorización para investigar la presencia de hidrocarburos en una superficie de 51.216 hectáreas en el término municipal de Monzón y otras 38.320 hectáreas en el de Barbastro. Solicitudes que, en el supuesto prosperar, supondrán la realización de pruebas de distinto alcance que podrían acarrear impactos medioambientales de difícil evaluación.

Los estudios para determinar la presencia de yacimientos petrolíferos o de bolsas de gas asociadas, de acuerdo con los usos actuales de la industria petrolera, determinan la materialización de trabajos geofísicos, esto es, en superficie o poco invasivos, o la exploración en profundidad, pruebas geoquímicas. El primer grupo de análisis puede incluir la detonación de dinamita en el subsuelo para estimar el comportamiento de éste mediante los datos obtenidos a través del sismógrafo, también suelen emplearse equipos pesados que impactan repetidamente en la superficie a fin de reproducir a pequeña escala fenómenos sísmicos mensurables.

En cuanto a los métodos geoquímicos implican la perforación de pozos en profundidad y el análisis de las diferentes capas del material extraído. Cabe señalar no obstante, como así consta en el anuncio oficial, que en ningún caso se podrá utilizar la técnica de fractura hidráulica conocida como “fracking”, prohibida en territorio aragonés.

 “El riesgo cero no existe -explica Olga Rafel, integrante de Alto Aragón en Común en el Somontano-, por eso es fundamental no solo que el plan de investigación que debe presentar la empresa contemple medidas de protección medioambiental y de restauración, sino también que la Administración controle y valore en todo momento los métodos utilizados en las posibles prospecciones”. 

En Común apuesta “inequívocamente por las energías limpias no contaminantes, frente a las energías fósiles, cuya explotación -señala- termina provocando algún tipo de impacto en el aire, el agua, el suelo, la fauna, etc. y, además, generando residuos peligrosos”. Por otra parte, abundan, si los resultados obtenidos propiciaran la extracción del recurso, “sería preciso compensar a los territorios objeto del negocio industrial”, estableciéndo mecanismos que permitan que que reviertan en ellos una parte de los beneficios.

“Abogamos por el principio adoptado en la Declaración de Río sobre el medioambiente y el desarrollo: Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades”, concluye esta plataforma política, que cuenta con un diputado, elegido en sus primarias, en el Congreso, el oscense Jorge Luis, integrado en el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Común-En Marea.