La confluencia ciudadana Alto Aragón en Común reclama que Ayuntamiento de Huesca y Gobierno dejen abierta la posibilidad de una futura reversión del Sancho Ramírez y terrenos aledaños -que suponen un gasto millonario para las instituciones aragonesas-. Evitar la pérdida irreversible de esos recursos para servicios públicos como la sanidad, la educación o los servicios sociales que sí son competencia de ayuntamiento y DGA, es el objetivo de esta iniciativa que también se trasladará al Congreso.
El cambio de Gobierno central tras la moción de censura que otorgó la presidencia del Ejecutivo al socialista Pedro Sánchez, posibilita al Ayuntamiento de Huesca la apertura de una nueva negociación con el ministerio de Defensa para anular la cláusula de cesión definitiva de los terrenos adquiridos por las administraciones aragonesas para la reapertura del cuartel Sancho Ramírez. Así lo considera la confluencia Alto Aragón en Común, que insta al alcalde Luis Felipe a valorar esta posibilidad que evitaría una importante pérdida patrimonial para la ciudad de Huesca.
Alto Aragón en Común señala que el hecho de que el Gobierno y la formación mayoritaria del Ayuntamiento de Huesca se adscriban al mismo signo político, el socialista, facilitaría una revisión de los acuerdos suscritos con la anterior titular de Defensa, la popular María Dolores de Cospedal. Por otra parte, es factible la revisión de la cláusula que obliga al Ayuntamiento de Huesca a poner a disposición del ejército con carácter definitivo el terreno necesario para ubicar en Huesca la División Castillejos, toda vez que el propio Gobierno de Pedro Sánchez acaba de suscribir un acuerdo con Aragón para ceder el pabellón de España de la Expo 2008 de Zaragoza por un período de 30 años prorrogable, pero sin cláusula de cesión definitiva. Parece razonable, a juicio de los demandantes, que el marco de negociación que ha servido para materializar el convenio que firmarán Pedro Sánchez y Javier Lambán, pueda funcionar en el caso del Ayuntamiento de Huesca y el ministerio de Defensa cuya titular es Margarita Robles.
El Ayuntamiento y el Ministerio han venido dando pasos al unísono para albergar en 2020 el Cuartel General de la División Castillejos en las antiguas dependencias del Sancho Ramírez. La inversión necesaria para el acondicionamiento del futuro recinto sobrepasará los 10 millones de euros, además de otros 2,5 millones -inicialmente estaba previsto un gasto de 1,8 millones- que el Gobierno de Aragón transfiere al Ayuntamiento para la compra de terrenos con el fin de dotar de mayor superficie al complejo militar. No consta en este presupuesto el valor de la cesión indefinida del suelo del Sancho Ramírez, así como tampoco el importe de las otras 4 hectáreas aledañas de propiedad municipal, igualmente entregadas con carácter definitivo al Ejército.
Peaje millonario y especulación urbanística
Alto Aragón en Común, denunció a través del diputado en las Cortes Jorge Luis, adscrito al grupo parlamentario Unidos Podemos-En Común-En Marea, el “peaje millonario que Defensa impone a la ciudad de Huesca” con el fin de reabrir el cuartel, sobre todo considerando que el cambio de ubicación obedece a una maniobra especulativa en Madrid, la conocida como “operación Campamento” que liberará miles de metros cuadrados que las sociedades instrumentales del Ejército pondrán a la venta para obtener financiación extrapresupuestaria.
Jorge Luis formuló distintas preguntas al Gobierno en relación con la irreversibilidad exigida de los terrenos cedidos, máxime en tiempos de cambios legislativos que restringen el margen de actuación e inversión de las entidades locales. La demanda de información no fue atendida por el anterior ejecutivo, por lo que en los próximos días, y sin perjuicio de que el alcalde Luis Felipe se ponga en contacto con la ministra de Defensa, se reiterarán las preguntas interesando tanto la posibilidad de revertir el acuerdo original de irreversibilidad de los terrenos cedidos, como los datos económicos inherentes al traslado a Huesca de la División Castillejos.
Gasto militar y urgencias sociales
Cabe subrayar que no es competencia local ni autonómica financiar los gastos militares y en este sentido desde Alto Aragón en Común se considera injustificable que frente a los esfuerzos económicos realizados para la infraestructura castrense, el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón no hayan puesto como mínimo el mismo interés en proyectos de urgencia social como dotar a la ciudad de un parque de viviendas asequibles para jóvenes o familias en situación de precariedad, facilitar plazas para mayores en residencias públicas o partidas presupuestarias suficientes para la enseñanza o la sanidad depauperadas por la crisis.
Todavía resulta más lacerante la situación, a juicio de Alto Aragón en Común, al considerar los aumentos presupuestarios previstos para gastos militares, así el Gobierno se comprometía con la OTAN el pasado diciembre a aumentar en un 80% el gasto en Defensa para el año 2024. Además, como vienen denunciando reiteradamente organizaciones no gubernamentales, muchas inversiones en materia militar se ocultan a la población al asignar partidas económicas con estos fines a otros ministerios y organismos públicos. Nuestras instituciones, lamentablemente, no promueven la cultura de la paz al tiempo que demuestran un enorme desdén respecto a materias de sensibilidad ciudadana e insoslayable contenido de justicia social, considera esta confluencia ciudadana.