Alto Aragón en Común denuncia la posible externalización de un servicio que llega anualmente a más de 12.500 escolares, haciéndose eco de la preocupación de la comunidad educativa y otras entidades sociales
También cuestiona los argumentos de la DPH para privatizar: mantenerla dentro de la gestión pública es cuestión de voluntad política, puesto que no hay impedimentos legales para hacerlo
Alto Aragón en Común pide que se arbitren medidas para mantener como público el servicio educativo de ámbito provincial del Aula de la Naturaleza. Esta plataforma ciudadana, con un diputado en el Congreso, se suma así a la oposición generada desde la comunidad educativa y entidades sociales en contra de esta privatización que se está planteando la Diputación Provincial de Huesca, presidida por el PSOE. En el curso anterior disfrutaron del Aula de la Naturaleza más de 12.500 personas, en su mayoría niños y niñas del Alto Aragón.
La corporación provincial presta el servicio del Aula de la Naturaleza «Félix de Azara» desde hace dieciocho años. La actividad es aprovechada por numerosos colectivos del Alto Aragón y también del resto de Aragón, principalmente centros educativos de infantil, primaria y secundaria. El Aula de la Naturaleza se desplaza a todas las comarcas de la provincia para realizar en ellas sus actividades en apoyo a los programas curriculares de los centros.
Desde Alto Aragón en Común se entiende que la privatización de este servicio sería un error, por el grado de satisfacción de los usuarios, y por su ajustado coste. Este colectivo considera, atendiendo a otras privatizaciones anteriores, que esos dos indicadores podrían ser peores tras su “externalización”. Desde Alto Aragón en Común se reclama al PSOE que reconsidere esta decisión.
Cuestión de voluntad política
El problema no es económico. Recuérdese que la propia Diputación publicó hace unos meses un superávit de cerca de 9 millones de euros. Tampoco es un problema legal.
En declaraciones a Radio Huesca, la DPH afirma que se ve obligada a externalizar el servicio del Aula de la Naturaleza. Se indica, en este caso correctamente, que “no se pueden encadenar contratos de obra y servicio determinado durante más de tres años”. Puesto que la legislación no permite seguir con una bolsa de empleo como la que finaliza ahora, una opción es cubrir las plazas mediante un exámen público: ¿si algo funciona (siendo público) para qué cambiarlo (privatizarlo)? La DPH puede cubrir plazas si lo considera oportuno puesto que tiene plazas amortizadas. Es cuestión de voluntad política.
Otro argumento empleado por la DPH es la supuesta falta de competencia para desarrollar eseservicio, algo que sin duda cumple la DPH porque, además, lo lleva realizando durante casi dos décadas: Las competencias de las diputaciones provinciales nacen directamente de las competencias de los municipios, porque un fin propio de la provincia es asegurar la prestación integral y adecuada de los servicios de competencia municipal. Así que, en principio, si hay una competencia municipal puede haber una competencia provincial. El art. 25 de la Ley reguladora de Bases del Régimen Local, LBRL, dice que el municipio «puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.»
Por su parte el art. 26 dice que, entre otras, y dentro de las leyes, se pueden ejercer competencias en «Protección del Medio Ambiente» y parece claro que la educación ambiental puede entenderse implícita en ese título competencial, lo que también aparece en la Ley de Adminstración Local de Aragón.
