El curso político se ha abierto con un intento de investidura del presidente del gobierno frente a cuyas políticas y prácticas se ha movilizado la sociedad española durante los últimos años.
Para justificar este momento e intentar hacer posible ese gobierno “de continuidad” , hemos sufrido previamente un notable “bombardeo mediático”.
El pacto Rajoy-Rivera, en el que se sustentaba este intento -que la existencia de candidaturas alternativas en el Congreso ha permitido bloquear– no era si no una nueva versión, corregida y aumentada, de lo que menos nos gustaba del pacto Rivera-Sánchez, con una redefinición de los términos en que la mayoría absoluta durante cuatro años ha fracasado: una corrupción en la que no entra Rita Barberá o Bárcenas, una creación de empleo consistente en aumentar la precariedad, una estabilidad presupuestaria para dar confianza a los sectores financieros, que han creado burbujas mientras agotaban los recursos públicos, en lugar de dárselas a las economías familiares, y un supuesto diálogo que nuestro país no ha conocido en cuatro años de gobierno. Además lo importante es lo que no aparecía en ese texto, no sólo en cuanto a Aragón al olvidar su demografía o proyectos estratégicos como el Canfránc, sino al no mencionar que su primer punto supone una enmienda a todos los demás: la lealtad a los bancos por delante del compromiso con la sociedad.
(Y Rajoy y el PP no han tardado nada en recordarnos esas fidelidades a unas políticas neoliberales que solo benefician a unxs pocxs: en el mismo momento de perder la segunda votación anunciaba el enchufecomo alto cargo del Banco Mundial del ex-ministro Soria -obligado a dimitir por su implicación, y sus mentiras, en el caso de los «Papeles de Panamá», en los que se citan a personas que evaden en paraísos fiscales-.)
Publicamos este artículo del profesor e integrante de la plataforma ciudadana Alto Aragón en Común, Eduardo Marco Valle, en el que aborda la presión mediática previa, y nada inocente, que hemos vivido, y que seguiremos viviendo, con a que se intenta «hacer buenos» a rajoys y sorias y evitar la posibilidad de gobiernos con otros planteamientos, más favorables a la mayoría social.
Investiduras y bombardeos mediáticos
Si bien en los últimos años estábamos acostumbrados a los “bombardeos mediáticos”, en los últimos meses se han recrudecido y se han hecho prácticamente diarios y además en varias oleadas.
La práctica totalidad de la prensa escrita, radiofónica y televisiva, ya sea en Editoriales, en Titulares o en las tertulias mediante los “analistas políticos”, no cesa de proclamar su preocupación por el futuro de España si se llegase a unas terceras elecciones: se pondría en riesgo la superación de la crisis, el empleo…los pensionistas y los funcionarios verían peligrar sus ingresos…Europa mira la situación con recelo…hace falta un Gobierno estable que de confianza a los mercados…un Gobierno fuerte que mantenga la unidad de España…
Una vez implantada esta “opinión publicada” en amplias capas de la opinión pública, se pasa a la segunda fase: Es necesario que todos los partidos “hagan un ejercicio de responsabilidad” y apoyen al partido más votado. Y yo me pregunto…¿es responsabilidad dejar de lado que se trata de un partido cercado por la corrupción?…¿es responsabilidad apoyar a un partido que ha impuesto leyes contestadas por gran parte de la sociedad y cuya eliminación iba en el programa de los demás partidos?…¿Es responsabilidad apoyar a un partido que ha aplicado durísimas políticas de recortes sociales (perdón, “ajustes”) durante toda la legislatura y, unos meses antes de las elecciones, se permite la frivolidad (o algo peor) de bajar impuestos y pagar “extras” retrasadas, aunque ello haya supuesto que Europa nos imponga ahora unos “ajustes” más dolorosos?…
Pues parece ser que sí; para estos “analistas políticos” sí. Los “Partidos Constitucionalistas” deben ejercer esta responsabilidad. Por cierto, ¿Dónde se imparte la titulación de Analista Político? ¿Un Analista es alguien que escucha poco, interrumpe continuamente, levanta la voz, gesticula, pontifica, reparte loas y “zascas” a diestro y siniestro (pero no viceversa) y se atreve con todos los temas?
Y por cierto…¿Quién distribuye los certificados de constitucionalismo? Porque cuesta entender que defiendan la Constitución partidos que se financian ilegalmente desde hace décadas, con militantes que operan en paraísos fiscales, que espían a los adversarios políticos utilizando los recursos del Estado o que se atribuyen en exclusiva el derecho a negociar con los partidos nacionalistas… cuesta entender que sean más “constitucionalistas” que los partidos que, acatando la Constitución, y defendiendo mantener la unidad de España, proponen explorar otras vías incluyendo “el derecho a decidir”. De nada sirve que propugnen el NO a la independencia, porque desde los editoriales y las tertulias se les aplica el estigma de “rompedores de la unidad patria”.
¿Por qué hay tal unanimidad en los medios? ¿No hay pluralidad informativa? La realidad es que en España se ha producido un demoledor proceso de concentración de la propiedad en este ámbito. La realidad es que la propiedad de una buena parte de los medios se concentra en accionistas como RCS Media Group, SGTnetTV, Fininvest y Mediaset, Liberty Acquisitions, Conferencia Episcopal, Inversiones Hemisferio, Jaipur Investments, Bertelsmann, GAMP, Witgoud Investments… y como: BBVA, Banco de Santander, La Caixa, Banco de Sabadell, Ibercaja, BBK, Credit Suisse, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Bank of America… y como: Agnelli, Berlusconi, Goldman Sachs, Soros Fund, Carlos Slim…
Y “la propiedad”, que es empresarial como vemos, quiere un gobierno que acepte las “reglas del juego” que mantengan un funcionamiento liberal de la economía, es decir, con estados débiles que impongan las mínimas restricciones a su actividad y que “metan en cintura” a trabajadores, sindicatos y partidos que no compartan este “orden establecido”. Naturalmente que los periodistas, los trabajadores de la información, no promueven ni en su mayor parte defienden, este “bombardeo”, ya que la propiedad de los medios dispone de argumentos “sutiles” o directamente coercitivos para llevarlo a cabo.
En resumidas cuentas… ¿Sería conveniente que se llegase a un acuerdo de gobierno para evitar unas terceras elecciones? Sí, sin duda. ¿Valdría cualquier acuerdo de gobierno? No, de ninguna manera. No sería admisible que con ese argumento surgiera un gobierno continuista con la corrupción ni con políticas “austericidas” y antisociales. Que, por otra parte, podría también ser considerado como apoyado por partidos anticonstitucionalistas, aunque en referencia a otros artículos de la Constitución. En este caso, no sería ningún drama acudir a unas terceras elecciones.
Ahora bien…¿cómo ponernos a cubierto de este crudo bombardeo? Esto “son palabras mayores” y requerirían una profunda monografía. De momento… seamos críticos, tengamos memoria, analicemos la coherencia de cada partido, participemos en foros, vayamos a concentraciones, acudamos a mesas redondas, apoyemos proyectos informativos con propiedad “transparente” y profesional…exijamos la objetividad de los medios públicos…
Por Eduardo Marco, integrante de la plataforma ciudadana Alto aragón en Común
Este artículo también ha sido publicado en eldiario.es: aquí
Foto: La diputada de En Marea, Alexandra Fernández, en el debate de investidura. Por el grupo confederal Unidxs Podemos-En Común-En Marea han intervenido hasta cuatro portavoces, haciendo visible su pluralidad. Ahora la tarea se centra en intentar fraguar una alternativa a Rajoy, que además no sirva a los bancos y las eléctricas, y sí a la gente.