La presión social y política logra un cambio de posición de la DGA ante el escándalo de las depuradoras del Pirineo

Alto Aragón en Común, ante el anuncio realizado por el Gobierno de Aragón del inicio de los trámites para rescindir los contratos de construcción de depuradoras en localidades del Pirineo, cree que la DGA cambia de posición, “forzada por la presión social y política”.

Esta plataforma, que quiere ver la concreción de las medidas anuncias, recuerda que este escándalo, “ya añejo”, afecta a sucesivos gobiernos de Aragón, al del Estado, y a las organizaciones que los han sustentado.

Recuerda que Unidos Podemos-Alto Aragón en Común llegó a reclamar la comparecencia de la ministra de Medio Ambiente ante esta cuestión; y denuncia que el Ejecutivo de Rajoy sigue justificando, en respuesta parlamentaria al diputado Jorge Luis, las multas de la CHE a municipios por una falta de depuradoras que, considera esta plataforma ciudadana, es responsabilidad de los gobiernos

 

Comunicado: Ante el anuncio de rescisión de los contratos de las depuradoras del Pirineo

Desde Alto Aragón en Común, ante el anuncio realizado por el Gobierno de Aragón del inicio de los trámites para rescindir los contratos de construcción de depuradoras en localidades del Pirineo, queremos recordar que la DGA toma esta medida, cuando la situación ya es insostenible para ella, forzada a actuar ante la presión social y política sostenida durante años por distintas entidades, ante este escándalo con amplísimas implicaciones para la ciudadanía y las arcas públicas.

Desde esta plataforma ciudadana –con un diputado en el Congreso, dentro del grupo Unidos Podemos En Común– mantenemos la prudencia hasta ver la concreción de las medidas anunciadas, puesto que el actual Gobierno de Aragón ha mostrado hasta ahora una línea continuista con sus predecesores en esta cuestión. Denunciamos que, de haberse actuado antes, se hubiesen reducido costes y pérdidas para las arcas públicas. Y exigimos, como señala la Red de Agua Pública de Aragón, la puesta en marcha de la “depuradora de las responsabilidades”, con las consiguientes actuaciones políticas y, en su caso, judiciales.

Queremos agradecer también, públicamente, la labor de los colectivos ciudadanos que, durante años, han mantenido la denuncia de esta situación escandalosa, y a los ayuntamientos que se han mantenido firmes en la defensa de los recursos públicos y de sus ciudadanos. Y les animamos a no bajar la guardia, al igual que, sabemos que no lo harán, las organizaciones políticas que han trabajado esta cuestión –y han contribuido a este cambio– en el Congreso, en Madrid, y en las Cortes de Aragón.

El, ya añejo, escándalo de las depuradoras –que, consideramos, merece una investigación judicial– afecta, en diversas medidas a los sucesivos gobiernos de Aragón, desde que se puso en Marcha, a las organizaciones políticas que los han sustentado; y al Gobierno de España, que participó en la financiación y cambio de destinos de los fondos del fallido plan de depuración. Recordamos que Unidos Podemos-Alto Aragón en Común, llegó a reclamar la comparecencia de la ministra de Medio Ambiente, ante esta cuestión; y que presentó un recurso de inconstitucionalidad,  hace algo más de un año, junto a Zaragoza en Común, contra el Impuesto de Contaminación de Aguas  (ICA) del Gobierno de Aragón, vinculado a esta problemática.

Entre las actuaciones recientes que han forzado este cambio de posición gubernamental, queremos recordar, además,  la caravana de la Red de Agua Pública de Aragón, que recorría la comunidad en torno a esta cuestión en los meses anteriores o las iniciativas políticas de Podemos en la Aljafería.

 

Expedientes y multas a ayuntamientos

Desde Alto Aragón en Común exigimos una inmediata solución a los expedientes abiertos y a las multas impuestas por la CHE a ayuntamientos aragoneses, por una falta de depuración que es responsabilidad de los gobiernos que asumieron las competencias municipales para ponerlas en marcha –y que además están cobrando impuestos a la ciudadanía por ello-.  Recordamos que el Gobierno de España, en una reciente respuesta al diputado oscense Jorge Luis Bail, sigue justificando las citadas multas a localidades aragonesas alegando que “son infracciones tipificadas en la Ley de Aguas y el Reglamento de Dominio Público hidráulico”, y que “realmente los hechos se han producido”, sin tener en cuenta su responsabilidad y la del Gobierno de Aragón que eran las instituciones implicadas en poner en marcha el plan de Depuración.

 

Más información:

http://altoaragonencomun.org/unidos-podemos-en-comun-pide-la-comparecencia-de-la-ministra-de-medio-ambiente-por-el-desvio-de-fondos-del-plan-de-calidad-de-aguas-en-aragon/

 

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