La coalición Unidos Podemos-AltoAragón en Común defiende en el Parlamento la gestión pública de los saltos hidroeléctricos, en un momento en que las concesiones privadas han caducado o están caducando.

La plataforma ciudadana Alto Aragón en Común considera que la energía que se genera en el Pirineo es un bien común cuyos beneficios deben revertir en el territorio donde se produce, y donde, desde hace décadas, se soportan las cargas que implican estas infraestructuras.

 

 

El pleno del Congreso debate esta semana de diciembre la moción presentada por el diputado de Unidos Podemos-Alto Aragón en Común, Jorge Luis, que pretende la implementación de medidas que impulsen la gestión de los saltos hidroeléctricos con principios rectores de utilidad pública. En este sentido, el reciente Real Decreto de Medidas urgentes para la transición enérgica y la protección de los consumidores, señala el texto de la moción, no ha contemplado cuestiones básicas como la vertebración territorial, la salvaguarda del interés general y la gestión pública, así como la consideración de los beneficios de las explotaciones eléctricas con el objetivo de promover la justicia social y la seguridad jurídica.

Alto Aragón en Común, considera que la electricidad que se genera en el Pirineo es un bien público, producido a partir de recursos comunes, cuyos beneficios deben redundar en materializar políticas que luchen contra la despoblación y las desigualdades, tal como han venido sosteniendo históricamente los ayuntamientos afectados. “Las grandes compañías que han explotado y todavía controlan la producción de los saltos hidroeléctricos altoaragoneses, como es el caso del judicializado salto de Lafortunada –asegura el espacio de confluencia que es Alto Aragón en Común–, obtienen un enorme provecho económico sin contrapartidas ni responsabilidades sociales de ninguna índole, de ahí la urgencia en el proceso de reversión y control de los períodos de concesión”.

“El principio rector del nuevo modelo –señala el diputado–, pasa por la preservación del medioambiente y que la riqueza generada revierta en el territorio en el que se origina”. Las centrales hidroeléctricas han producido un enorme impacto ambiental en espacios sensibles como el Pirineo, sin que los habitantes afectados hayan recibido compensaciones por este hecho ni tampoco beneficios de la explotación por parte de las compañías que las han gestionado durante períodos de 75 años. Transcurrido este tiempo, insiste, las concesiones deben pasar a dominio público. “Se debe actuar con transparencia –apunta la moción a debate–, dando a conocer a las comunidades autónomas, ayuntamientos y a la ciudadanía cuál es la situación administrativa de cada salto y cuál es la fecha de caducidad”.

Actualización. Así ha quedado tras la negociación

Tras negociar y transaccionar con otros grupos parlamentarios esto es lo que ha aprobado el pleno del Congreso: