El Congreso, a través de su comisión de Industria y Energía, en la que participa la coalición Podemos-Alto Aragón en Común, ha aprobado este martes, 29 de marzo de 2016, una proposición no de ley, en la que se insta al gobierno a paralizar las prospecciones para el fracking (fractura hidráulica en el subsuelo para la búsqueda de hidrocarburos). También se reclama en esa resolución que se retiren los estímulos económicos que la impulsan y la reforma de la legislación sobre hidrocarburos, para prohibir esta práctica que amenaza muchas zonas rurales de Aragón (entre ellas numerosas comarcas altoaragonesas) y de otras comunidades autónomas.

Las plataformas ciudadanas han denunciado reiteradamente más de 20 proyectos de fracking en Aragón, que han provocado una amplia y sostenida contestación social.

Varias proposiciones no de ley (ERC, Podemos-En Común-En Marea,…) se habían presentado en el Congreso con el objetivo de frenar esta práctica que plantea riesgos para la salud y el medio ambiente, entre otros problemas que dificultan su compatibilidad con actividades agroganaderas o turísticas; y que exige la aplicación del principio de precaución antes de provocar daños irreversibles.

Una nueva mayoría en torno a esta cuestión se ha manifestado en  aprobación de la primera propuesta debatida, presentada por Esquerra Republicana de Catalunya, y apoyada por Podemos-En Común-En Marea, Partido Socialista Obrero Español, Partido Nacionalista Vasco y Democracia y Llibertat. 

 

El fracking

Adjuntamos la explicación sobre la fractura hidráulica y sus amenazas, que acompañaba a la proposición presentada, con participación del diputado oscense  Jorge Luis, por el grupo Podemos-En Común-En Marea:

La Fracturación Hidráulica o Fracking es la técnica por la que mediante la inyección de agua y productos químicos a alta presión se fractura la roca en el subsuelo para extraer hidrocarburos. Como extensión, se considerará toda técnica que busque la fracturación de la roca en el subsuelo por inyección de fluidos para la extracción de hidrocarburos.

Esta técnica ha tenido gran desarrollo sobre todo en EEUU, donde ha dado lugar a grandes inconvenientes en las zonas cercanas a las áreas de operación. Un informe publicado por el Parlamento Europeo, a instancias de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad, y titulado “Repercusiones de la extracción de gas y petróleo de esquisto en el medioambiente y la salud humana”, que se ha completado con el informe “Contribución a la identificación de posibles riesgos ambientales y para la salud humana derivados de las operaciones de extracción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica en Europa” de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, publicado el 10 de agosto de 2012, identificó posibles riesgos ambientales y para la salud humana relacionados con el uso de esta técnica, derivados de la contaminación del aire, aguas superficiales y aguas subterráneas. Dicho informe alerta también del importante aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero que puede conllevar el uso de esta técnica, que pueden llegar a ser equivalentes a los de la quema de carbón.

La contaminación de aguas superficiales y subterráneas hace que la actividad de la fracturación hidráulica sea incompatible con actividades agro-ganaderas, tal y como se ha demostrado en EEUU, con la muerte de ganado y la contaminación de cosechas y campos en varios emplazamientos. El tratamiento de las aguas residuales del proceso de fracturación supone también un grave problema medioambiental. De hecho, buena parte de los casos de contaminación de aguas superficiales proviene de una mala gestión del agua residual de fracturación, o de vertidos de la misma. La agencia de medioambiente alemana ya ha advertido de que no hay manera de gestionar de forma sostenible el agua de fracturación. La solución que se ha dado en EEUU a esta problemática pasa por la reinyección de dicho agua en pozos abandonados, actividad que según el servicio geológico estadounidense USGS estaría detrás del notable aumento de la sismicidad en las zonas de fracturación.

Los citados informes del Parlamento Europeo analizan también las lagunas legislativas existentes a nivel europeo, destacando la necesidad de aplicar el principio de precaución relacionado con los objetivos de la Directiva 2000/60 CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva Marco del Agua), encargada de velar por el buen estado de las aguas superficiales y subterráneas, de evitar su deterioro y de promover su recuperación en aquellos lugares en donde ya esté dañada. El principio de precaución es uno de los principios fundamentales de la acción comunitaria europea en materia de medio ambiente recogidos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El principio de acción preventiva implica la posibilidad de adoptar medidas de protección del medio ambiente aun antes de que se haya producido la lesión del mismo, siempre que se constate científicamente la existencia de un peligro real de deterioro ambiental.

Por otra parte, los múltiples efectos nocivos del fracking antes descritos no son sino el resultado de emplear técnicas cada vez más ineficientes y peligrosas a medida que los combustibles fósiles convencionales se agotan y se trata de mantener los niveles de producción recurriendo a reservas de menor calidad y concentración que en el pasado se juzgaron inservibles. Como consecuencia, la tasa de retorno energético obtenida con estos recursos es tan baja que en ningún caso permitirán reemplazar de manera estable los hidrocarburos convencionales, y sólo permitirán prolongar durante algún tiempo el actual modelo energético, aumentando en el proceso la intensidad de sus emisiones.

Actualmente, existe un consenso social cada vez mayor acerca de la necesidad de transitar hacia un nuevo modelo energético en el que las energías renovables y la eficiencia energética permitan crear altos niveles de empleo y bienestar social, sin depender de una reserva de energía fósil que comienza a mostrar síntomas de agotamiento global. Este consenso se hizo evidente en las múltiples propuestas en ese sentido plasmadas en los programas de la mayoría de las formaciones políticas que concurrieron a las elecciones generales del 20 de Diciembre de 2015. El fracking supone un obstáculo para esa transición, ya que destina cuantiosos recursos financieros a la perpetuación de los actuales patrones de consumo y producción. Además, los riesgos que presenta esta técnica han provocado una fuerte preocupación y rechazo social en las zonas afectadas por proyectos de fracking. Esto ha llevado a que el 31 de mayo de 2014, 21 fuerzas políticas de todo el estado firmaran un compromiso de prohibir el fracking en todo el territorio.

Disponiendo de la certidumbre científica (Nature 517,187–190, 8-I-2015) de que la utilización de una mera fracción de las reservas de combustibles fósiles conocidas en la actualidad nos conduciría a un Cambio Climático de consecuencias desastrosas, el desarrollo de técnicas que permitan aumentar dichas reservas resulta completamente opuesto al interés general, máxime cuando además perpetúan un modelo productivo obsoleto y causan un inmenso impacto medioambiental. Además, los últimos años la movilización ciudadana ha conseguido que se propongan varias leyes autonómicas de prohibición de uso de la técnica. Algunas de estas leyes han sido declaradas inconstitucionales por invadir competencias exclusivas del Estado, como es la regulación del sector energético. Es por todo ello que corresponde a las instituciones del Estado pronunciarse sobre el uso de esta técnica.

La pluralidad del grupo parlamentario Podemos-En Común-En Marea, de manifiesto en la presentación de la proposición no de ley pidiendo la prohibición del fracking en el registro del Congreso por Jorge Luis (Alto Aragón en Común), Rosa Martínez (Equo), Rosana Pastor (Podemos)  y Jaume Moya (En Comú-Podem).

El Castor y el sistema eléctrico

La citada sesión de la Comisión de Industria aprobó otras dos proposiciones no de ley del grupo Podemos-En Común-En Marea, que toan a otros aspectos de las políticas energéticas del gobierno, buscando la defensa de los intereses públicos y una mayor democracia en este  sector clave.

Una de ellas abordó el problema de la plataforma de almacenamiento de gas en el Mediterraneo, frente a Tarragona, Castor, reclamando su cierre y la posibilidad de reclamar responsabilidades penales a sus promotores. Fue aprobada por amplia mayoría, en la que no estaba el PP.

La otra reclamaba la interrumpibilidad del sistema eléctrico para la industria, con precio estable y predecible, frente a un sistema “opaco, poco transparente e injusto”.

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