Razones para una moción de censura

El Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Común-En Marea, al que pertenece Alto Aragón en Común, ha interpuesto una moción de censura contra el Gobierno en el Congreso.

Las movilizaciones ciudadanas realizadas desde 2011 y el posterior lanzamiento de nuevas candidaturas en los procesos electorales han aportado en todo momento argumentos más que suficientes para exigir la marcha de los gobiernos implicados en los recortes sociales, la regresión democrática, la corrupción, el saqueo de lo público, o en nuestro sometimiento a los intereses de los mercados financieros (incluso a través de reformas constitucionales exprés sin aval de la población) en perjuicio de las necesidades sociales.

La moción actual, pese a su carácter simbólico, puede hacer visible la gravedad de la situación que vivimos, y recordar públicamente que todo lo señalado anteriormente no forma parte de ninguna “normalidad”, frente a lo que comunican los respaldos directos o indirectos ofrecidos en los últimos meses por otros partidos –incluido el PSOE– para facilitar la continuidad del PP en el Gobierno y mantenerlo como actor “respetable” pactando con él diversas políticas.

Desde Alto Aragón en Común, apoyamos esa iniciativa; independientemente de la valoración que podamos hacer de la estrategia concreta sobre la que se ha articulado en cuya concreción no hemos participado (dado que las minorías no formamos parte de la dirección del grupo parlamentario, a pesar de ser un espacio amplio).

Llamamos a seguir trabajando en buscar soluciones efectivas y participadas para mejorar la situación de este país de países y de quienes en él vivimos, tomando como referencia las demandas expresadas en las calles en los pasados años de movilización ciudadana.

Y adjuntamos los argumentos que se han presentado en la moción de censura de Unidos Podemos-En Común-En Marea, que inicia su debate el 13 de junio.

 

Motivos expuestos en la moción de censura de Unidos Podemos-En Común-En Marea

La Constitución española establece en su artículo 113 que el Congreso de los Diputados puede exigir responsabilidad política al Gobierno mediante la adopción de una moción de censura. Las circunstancias de excepcionalidad y emergencia democrática que vive España como consecuencia de la parasitación de las instituciones del Estado por parte del Partido Popular (PP) nos obligan a hacer uso de este mecanismo democrático previsto en nuestra Carta Magna. El Gobierno de España, en manos del Partido Popular, ha abandonado a la ciudadanía al secuestrar las instituciones y ponerlas al servicio de la defensa de su partido y de los saqueadores de las arcas públicas. No cabe duda de que, desde el Gobierno, el PP no respeta la división de poderes y hace uso de las instituciones en función de su propio interés.

La credibilidad de la democracia española está en juego, tanto en nuestro país como en Europa y en el resto del mundo. Un Gobierno que actúa contra las reglas mínimas de la democracia no representa a nuestro pueblo.

Durante las últimas semanas, España ha conocido casos de corrupción que no solo afectan directamente a un amplio número de dirigentes del PP, sino que han revelado una práctica continua de parasitación de las instituciones y de saqueo de lo público que afecta al Gobierno actual y, en particular, a ministros con carteras estratégicas como la de Interior, la de Justicia o la de Hacienda y Función Pública, además de a la propia Presidencia del Gobierno. Prácticamente a diario la ciudadanía asiste atónita al espectáculo de comprobar cómo el Gobierno se esfuerza en dificultar las investigaciones de los casos de corrupción que afectan a dirigentes del PP, así como a la publicación de informaciones acerca de chivatazos desde el Gobierno y desde una cúpula judicial cómplice de los investigados por graves delitos de corrupción para intentar entorpecer esas investigaciones y proteger a los corruptos. Todo ello es incompatible con la decencia y la dignidad democrática de España.

El deterioro de la vida política, reflejado en la incapacidad del Gobierno para alcanzar acuerdos parlamentarios sin que medie alguna forma de chantaje; el escándalo social ante los casos de corrupción, que ha situado a los políticos como una de las máximas preocupaciones de la ciudadanía y puesto bajo sospecha el entramado empresarial que contrata con el sector público; la confirmación de la quiebra de las reglas básicas del juego democrático por parte del Partido Popular; la colusión entre los poderes del Estado, expresada, por un lado, en el bloqueo continuo de la acción legislativa por parte del Ejecutivo a través de vetos y, por otro, en la reprobación parlamentaria del ministro de Justicia, del fiscal general del Estado y del fiscal anticorrupción, aunque no sus dimisiones; las interferencias gubernamentales en los medios de comunicación, limitando la libertad de expresión a partir de la financiación con dinero negro o con fondos públicos de medios parciales y venales, o del uso abusivo de los medios de comunicación públicos; y la pérdida de derechos de la ciudadanía, especialmente los que afectan a las mujeres (como depositarias obligadas de las tareas de cuidados a las que ha renunciado el Estado), los que afectan al mundo laboral (cada vez más precarizado), y los relativos a las garantías para el pago de las pensiones. Todos estos aspectos generan, en definitiva, una situación de excepcionalidad democrática, social y política en el país, aunque el Gobierno de Mariano Rajoy pretenda normalizarlos.

De hecho, lejos de asumir su responsabilidad, el Gobierno ha optado por la mentira y la banalización de los problemas simulando ignorar la grave crisis institucional que vive España. Tras su reprobación, el ministro de Justicia afirmó en las redes sociales que las asociaciones de fiscales no habían criticado la injerencia del Gobierno en el trabajo fiscal, lo que motivó una respuesta inmediata de la Unión Progresista de Fiscales, en la que se desdecía —una vez más— al ministro y se reafirmaba la denuncia de injerencias del poder político en el poder judicial.

Las vinculaciones entre altos cargos del Gobierno y cargos políticos o familiares imputados en casos de corrupción han generado un enorme escándalo en la opinión pública. Los mensajes del ministro de Justiciaal expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, para desearle suerte en sus problemas con la justicia, han abochornado a los demócratas españoles y les ha recordado los mensajes de aliento que en su día el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mandó al extesorero de su partido. La reunión de José Antonio Nieto, secretario de Estado del Interior (número 2 del Ministerio del Interior), con Pablo González, hermano de Ignacio González, imputado en la «operación Lezo», y la sospecha de los propios fiscales de dicha operación de que desde sectores del Ejecutivo se han filtrado informaciones a personas investigadas por corrupción, son hechos que desacreditan gravemente la independencia de la justicia y de la cúpula fiscal a ojos de los ciudadanos.

La descalificación por parte del Partido Popular de la tarea de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su lucha contra la delincuencia ha generado protestas de asociaciones profesionales que defienden el trabajo de la Unidad Central Operativa (UCO), y dejan en evidencia a un Gobierno que trabaja al margen de la ley. El papel del fiscal anticorrupción, señalado por políticos detenidos como la mejor baza para sus intereses, sitúa bajo sospecha la cúpula fiscal, aún más cuando ha intentado frenar la tarea honesta de fiscales en su lucha contra la corrupción, como hemos visto en la «operación Lezo».

Quedan pocas dudas de que el Partido Popular lleva más de veinte años financiándose ilegalmente, con dinero procedente de contratistas del Estado que costean elecciones a cambio de contrapartidas, quebrando la legislación electoral y ejerciendo un abuso que pone en cuestión la legitimidad del Gobierno. En una democracia las elecciones son un proceso que busca la autorización política por parte de la ciudadanía, siempre que se respeten las reglas del juego. El Partido Popular, en el Gobierno, habría financiado campañas electorales ilegalmente y habría construido un entramado de favores, cargos y prestaciones, dentro de un trasvase ilegítimo de dádivas que incluye puestos a familiares y amigos en cargos públicos, así como recompensas en grandes empresas a los políticos, en una escandalosa trama que quebranta el corazón jurídico de nuestra Constitución. Hoy sabemos que el Partido Popular es el cemento político de esa trama. Quedan pocas dudas de que el Partido Popular ha ganado las elecciones al competir con ventaja gracias a la financiación ilegal de sus campañas. No hacer nada significaría aceptar que el Gobierno de Mariano Rajoy puede quebrar las leyes y vaciar de legitimidad nuestra democracia.

La trama, sostenida políticamente por el Partido Popular, se ha construido en colusión con grandes intereses empresariales y con élites económicas que han colaborado a la hora de parasitar el ámbito público, con la consiguiente condena a la pequeña y mediana empresa a sufrir una competencia desleal por parte de esa lógica económica clientelar que vive de la cercanía al poder político. Esa misma lógica ajena a la democracia se ha traducido en un desprecio hacia el mundo del trabajo, con el resultado de recortes salariales, desempleo, trabajo precario, morosidad en el pago a las pequeñas y medianas empresas, pérdida de progresividad fiscal, desahucios y emigración obligada para los jóvenes (a quienes, además, se les dificulta votar desde el extranjero). La deriva del Gobierno del PP se ha cebado también en las personas mayores, que ven cada día cómo empeoran sus condiciones de vida, al tiempo que padecen con tristeza la suerte de sus hijos y de sus nietas, sumidos en la precariedad que rompe el ascenso social que había sido una de las claves de nuestra democracia tras el final de la dictadura. El vergonzoso deterioro de la capacidad adquisitiva de las pensiones y el vaciamiento de la «hucha» que las garantizaba hacen que la preocupación se convierta en desasosiego. La conclusión de esas políticas, más orientadas al robo y a la colusión, se ha traducido en un aumento de las desigualdades que sitúa a más de 8 millones de trabajadores y trabajadoras por debajo del umbral de la pobreza.Por culpa de la corrupción y del mal uso de lo público, el conjunto del país avanza a dos velocidades: el 27,9% de los españoles (casi 1 de cada

3) se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, el 38% de los hogares no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos y el 15,3% de los hogares manifiesta llegar a final de mes con mucha dificultad. La tasa de riesgo de pobreza y exclusión está 5,6 puntos por encima de la media europea. El Gobierno de Mariano Rajoy nos aleja de Europa sin remedio y sitúa a nuestro país de nuevo a la cola del continente. Y esto ocurre no por ningún tipo de mandato inexorable, sino por culpa de un desprecio de lo público y de los instrumentos de control y fiscalización democráticos que ha llevado a la democracia española a un momento de emergencia.

No responder al desprecio de la democracia que representa el Gobierno de Mariano Rajoy implicaría renunciar a los logros que conseguimos desde la recuperación de la democracia. Los ataques al contrato social democrático por parte de los Gobiernos del PP no son tolerables: los denunciados intentos del Gobierno de Mariano Rajoy de manipular a jueces y a fiscales, tanto en el control de sus órganos de gobierno como a través de presiones y favores; la creación de instituciones con dinero público para ponerlas al servicio de empresas que evitan pagar impuestos recurriendo a los paraísos fiscales; las amnistías a personas y a grupos afines y la falta de fiscalización de las listas de defraudadores; la puesta en marcha de empresas familiares, como la creada por Cristóbal Montoro, para asesorar a los grandes contribuyentes, formada por antiguos altos cargos de la Agencia Tributaria, posibilitando así favores económicos a través de las tramas políticas que debilitan la capacidad fiscal del Estado; el castigo a los medios de comunicación que no se pliegan; la aplicación de la ley mordaza (Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana), que pretende silenciar las protestas y debilita derechos esenciales como son el de reunión, el de manifestación y el de huelga, al tiempo que la ley Berlusconi (artículo 324 de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) pretende dificultar, cuando no impedir, la investigación de los grandes casos de corrupción y las grandes tramas criminales limitando los plazos de instrucción; la sospecha fundada de la creación de una policía política al mando del Ministerio del Interior que espiaría y construiría pruebas falsas contra los adversarios políticos. Tolerar todos estos abusos significaría dejar de pelear por que España sea una democracia y el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea no va a consentir este ataque frontal a lo que tanto esfuerzo ha costado conseguir.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido hacer de la mentira su principal estrategia. Así ocurre cuando afirman colaborar con la justicia pero destrozan a martillazos los discos duros de los ordenadores del Partido Popular; cuando dejan pasar que magistradas se conviertan en confidentes de los corruptos de su propio partido y les den chivatazos como si estuvieran en nómina; cuando expresan la voluntad de ayudar a los jueces —mostrando señales de buena voluntad en los telediarios amigos— pero luego deciden que el presidente del Gobierno declare a través de un plasma en un juicio por la financiación ilegal de su partido.

Además, las mentiras del Gobierno de Rajoy han empeorado la convivencia entre los territorios del Estado. Desde la recuperación de la democracia,nunca las tensiones territoriales han sido tan extremas como lo son hoy. El Gobierno de Mariano Rajoy es responsable de haber deteriorado la convivencia entre las gentes y los pueblos de España, al querer presentar las legítimas reclamaciones de las diferentes naciones que configuran España como una amenaza usada reiteradamente para ocultar los innumerables casos de corrupción. España, como revela su historia, es plurinacional, y así lo ha demostrado cada vez que ha podido expresarse libremente, fuera en la Primera República, en la Segunda República o una vez recuperada la democracia tras la dictadura franquista. Al contrario, negar la condición plurinacional de España es algo propio de las etapas oscuras de la Restauración, de la dictadura de Primo de Rivera y de la dictadura de Franco. Millones de ciudadanos de nuestro Estado reclaman el derecho a su propia lengua, a su propia cultura, a sus propias instituciones y a su propia capacidad de decidir democrática y legítimamente su relación jurídica con el Estado. No asumir el reto democrático de la plurinacionalidad y encastillarse en un búnker autoritario significa, sencillamente, no entender España. Es más: en estos momentos la acción del Partido Popular ha supuesto la ruptura del pacto territorial, a la vez que este partido se muestra absolutamente incapacitado para buscar una solución democrática a la voluntad mayoritaria de Cataluña para decidir libremente su futuro. El Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea confía en España y entiende nuestras responsabilidades con la ciudadanía. Por eso la moción de censura que presentamos va más allá de nuestro propio programa y pretende ser un instrumento político de dignidad queno solo apele a los millones de ciudadanos que nos votaron, sino también a todas aquellas personas que quieren ver al PP fuera de las instituciones.

Es esencial que tanto los cargos públicos que han incurrido en ilegalidades como los corruptores se pongan en manos de la justicia, paguen sus culpas y devuelvan el dinero robado. Su enjuiciamiento, así como las responsabilidades políticas que emanan de esos comportamientos deben marcar un punto de inflexión en nuestro país: la impunidad no es compatible con la democracia. La ciénaga en la que el Partido Popular ha convertido buena parte de la política española tiene que acabarse. Necesitamos un antes y un después en la democracia española que ponga fin aeste cenagal. Del mismo modo, no puede ser que vuelvan a funcionar los indultos con nombres y apellidos, una bula del siglo xxi que los poderosos compran a los gobiernos que no gobiernan para sus pueblos, de la misma manera que debe desterrarse cualquier tipo de favor que diseñe una justicia para las mayorías y otra para las tramas.

Hace 37 años, en unas circunstancias mucho menos graves que las actuales, se presentó una moción de censura que no prosperó pero que, sin embargo, señaló un futuro de cambio. Hoy asistimos a la descomposición de una trama de poder que intenta atrincherarse sin más proyecto político que el de normalizar la corrupción y el saqueo en un modelo de Estado envejecido y con un sistema económico ineficaz. Registramos esta moción para transmitir a nuestro pueblo que no hay por qué resignarse y que es posible construir un futuro con instituciones limpias y con un Gobierno preocupado por la gente y no por proteger a las élites y a los corruptos.

No podemos quedarnos de brazos cruzados asistiendo al enorme deterioro de nuestras instituciones, y consideramos un deber ético inexcusable censurar al Gobierno y hacerlo también en el Parlamento. La ciudadanía ya no soporta el bochorno que supone la imputación diaria de cargos del Partido Popular por casos de corrupción, la entrada permanente de altos cargos de este partido en la cárcel, los mismos altos cargos que antes de ser imputados recibieron siempre el apoyo y la confianza de la dirección del PP y del presidente del Gobierno. Tampoco es posible ya no dar una respuesta contundente tras escuchar las conversaciones de estos altos cargos afirmando que controlan el Gobierno, la judicatura, los medios de comunicación o la policía. La indiferencia del poder legislativo ante esta quiebra democrática sería para el Partido Popular la mayor garantía de éxito en su empresa normalizadora de la corrupción y de la desigualdad. Si el poder legislativo no responde a estos despropósitos, estará fallando gravemente a quienes realizaron el esfuerzo democratizador en nuestros pueblos durante las últimas cuatro décadas.

Es hora de poner en marcha, de manera decidida, un proceso de regeneración democrática que devuelva no solo su independencia a las estructuras de control de la legalidad, sino también el control político del Gobierno a la ciudadanía, como única vía para que la política gubernamental se oriente a la defensa de la sociedad y, asimismo, para que los ciudadanos y las ciudadanas logren recuperar los derechos que les pertenecen y que ahora están amenazados o permanecen secuestrados debido al comportamiento intolerable del Partido Popular y su Gobierno. Frente a la impunidad, el saqueo y la corrupción, entregamos nuestra confianza a la acción esperanzada y decidida de la ciudadanía para recuperar derechos, soberanía y democracia.

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