El auto judicial que libra a Victorino Alonso de la entrada en prisión supone un enorme perjuicio para la consideración social y la protección del patrimonio, ante atentados de la relevancia del cometido por el empresario leonés en el singular enclave neolítico
El considerado por la magnitud de sus negocios rey del carbón, es hoy “paradójicamente” un jubilado sin recursos que debe hacer frente con parte de su pensión al pago de una indemnización por la responsabilidad civil ante la destrucción de uno de los yacimientos neolíticos más importantes de la península. Victorino Alonso, empresario leonés propietario del conocido como coto de Bastarás, eludirá la prisión por el gravísimo atentado patrimonial cometido en la Cueva de Chaves en octubre de 2007, circunstancia que para Alto Aragón en Común supone una enorme decepción en la necesaria política de defensa de la cultura que debería ser fundamental en todos los estamentos públicos, incluido en mundo de la Justicia. Esta plataforma ciudadana con un diputado en el Congreso considera que la resolución judicial no ofrece a la sociedad ni siquiera una reparación simbólica por la destrucción irreversible de la Cueva de Chaves.
La personación en el incomprensiblemente lento y dilatado proceso judicial, de la Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés, Apudepa, así como de Ecologistas en Acción, ambas entidades garantes, respectivamente, de la conservación patrimonial y natural, y vigilantes frente a atropellos y expolios de cualquier índole, venía a otorgar al procedimiento una dimensión social de enorme responsabilidad y trascendencia. Por ello, ambas instancias, así como el Gobierno de Aragón, igualmente personado, y la propia Fiscalía, solicitaban el ingreso en prisión del acusado, pero merced a una decisión judicial difícil de comprender el condenado quedará libre.
Arruinar deliberadamente un patrimonio de la riqueza arqueológica del que albergó la Cueva de Chaves debería conllevar un severo reproche, no solo social si no también judicial, puesto que supone un daño irreparable para el conocimiento científico y la divulgación histórica. No es disparatado solicitar una acción disuasoria para evitar nuevas agresiones a los bienes culturales irremplazables como el que nos ocupa, máxime cuando demasiadas decisiones judiciales son recibidas con escepticismo por la sociedad y criticadas por su escasa relevancia ejemplificadora.
Finalmente, Alto Aragón en Común reclama de la Consejería de Cultura del Gobierno Aragonés, la máxima protección y celo en la custodia del patrimonio, herramienta fundamental de aprendizaje y disfrute para el mundo contemporáneo y también para el futuro.
Cueva de Chaves. Foto: Arainfo