La comunidad educativa recuerda al Gobierno y al Parlamento, este miercoles 26 de octubre, su rechazo a la Ley Wert y sus reválidas, y a unas políticas de recortes que atacan el derecho a la  enseñanza.

Desde Alto Aragón en Común expresamos nuestro apoyo a las razones (ver abajo) que sustentan estas movilizaciones, que se concretan en una jornada estatal de huelga estudiantil y diversos actos convocados por las federaciones de madres y padres, por numerosos colectivos estudiantiles o por plataformas sociales.

En la provincia de Huesca habrá, por la mañana, protestas de los centros que están en paro  en distintas localidades (en Huesca y Jaca se desarrollaran a las 12 horas, en la plaza de Navarra y en el IES Pirineos, respectivamente), que irán acompañadas por concentraciones de profesorado en los recreos.  Por la tarde en la capital, a las 18,30 horas, tendrá lugar una concentración ciudadana,  en la plaza de Cervantes.

La movilización coincidirá con el debate de investidura de Mariano Rajoy, acordada hoy.

 

Hay razones

Así explica la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública de Huesca, uno de los colectivos que participa en esta jornada impulsada en Aragón por la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado de Aragón (FAPAR) y colectivos estudiantiles y juveniles, las razones de estos actos:

«El detonante de esta jornada de movilizaciones es la implantación de las reválidas de 4º de ESO y 2º de Bachillerato. La oposición a esta prueba se une al absoluto rechazo de la comunidad educativa hacia la LOMCE cuya imposición fue acompañada de recortes en becas, peores condiciones en centros y disminución del profesorado. En estos últimos 5 años se ha convertido a la universidad española en la cuarta más cara de la UE mientras en salarios ocupamos el puesto 14.

A lo largo de los últimos años hemos desarrollado numerosas actuaciones que han puesto de manifiesto nuestro desacuerdo con esta segregadora, antidemocrática y mercantilista Ley, aprobada exclusivamente con el voto del PP e implantada con precipitación,  con varios recursos de anticonstitucionalidad admitidos a trámite, sin financiación y de espaldas a la comunidad educativa y a la sociedad en general.  Prueba evidente de ello es la última publicación del Real Decreto que regula las reválidas mencionadas a finales del mes de julio, con un Gobierno en funciones y sin el desarrollo del mismo que imposibilita a las Comunidades Autónomas su organización.

Esta situación genera incertidumbre en los centros, en el profesorado, las familias y el alumnado, especialmente el de 2º de Bachillerato, que iniciado el curso desconocen cómo serán estas pruebas. En lugar de modernizar nuestro sistema educativo, lo retrotrae a la época más oscura del pasado recuperando  unas reválidas suprimidas en 1970. Además pone de de manifiesto, una vez más, la desconfianza y el desprecio de este Gobierno por el profesorado, en quien no confía para realizar la evaluación de su alumnado, la cual deja en manos de las empresas privadas encargadas de corregir estos exámenes, anula la evaluación continua, bloquea la continuidad de los chicos y chicas en sus estudios, al vincular sus titulaciones a la superación de estas pruebas y ataca frontalmente a las familias, condicionando el futuro de sus hijos e hijas.»