El cabeza de lista de Unidos Podemos en Común, Jorge Luis, apuesta por la recuperación para los organismos públicos de las centrales hidroeléctricas cuyos contratos de gestión, que datan de época franquista, vayan caducando para que sus beneficios vayan a parar a las arcas públicas y no a empresas privadas. Boltaña, 18 de junio de 2016.- El cabeza de lista de Unidos Podemos en Común al Congreso por la provincia de Huesca, Jorge Luis, ha explicado este sábado en Boltaña la importancia que tendrían para las zonas del Alto Aragón la reversión de los contratos de las centrales hidroeléctricas que “en época franquista” se otorgaron a empresas entonces públicas, ahora privatizadas. “Tenemos la electricidad más cara de Europa y las empresas que gestionan estos saltos hidroeléctricos son las que más beneficios tienen de toda Europa”, ha recordado Jorge Luis, y ha añadido que “eso es razón más que suficiente para cumplir con la ley y devolver su gestión a las entidades públicas, sino para que se ejecuten inversiones en el territorio que produzcan valor social”. Para Unidos Podemos en Común el caso más claramente escandaloso es el de la no recuperación de la central de Lafortunada por la Confederación Hidrográfica del Ebro. Esta central, cuya concesión caducó en 2007, sigue en manos de Endesa perdiéndose así alrededor de 4,1 millones de euros anuales para las arcas públicas. También esta semana ha caducado la central de Udiceto, en el Alto Cinca, sin que el Gobierno haya dado muestras de interés para desprivatizar su gestión. Según Jorge Luis esto se debe, entre otros factores, a las tristemente famosas ‘puertas giratorias’, y ha recordado que el Partido Popular “ha permitido que empresas como Iberdrola, Gas Natural o Endesa hayan tenido, en los peores años de la crisis, beneficios de hasta el 17% mientras la ciudadanía tenía que apretarse el cinturón al tiempo que veía cómo le subían la luz”. Unidos Podemos en Común lleva en su programa electoral la gestión pública de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones a empresas privadas caduquen, de las que deberían hacerse cargo las confederaciones hidrográficas y las instituciones medioambientales. El objetivo de esta medida es diversificar la procedencia de la energía, reduciendo el carácter de oligopolio privado que tiene en la actualidad el sistema eléctrico, y aumentando la soberanía energética del país.